La última novedad en el caso Neymar se ha conocido hoy, cuando el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha solicitado al juez Pablo Ruz que cierre la instrucción del caso e impute al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por un delito contra la Hacienda Pública por haber presuntamente defraudado 2,8 millones de euros.
La Fiscalía solicita al juez que lleve a juicio al club catalán, como persona jurídica, y a Sandro Rosell, acusado de dos delitos fiscales y uno societario, por el fichaje del brasileño. Los dos primeros estan penados entre 1 a 5 años y el societario entre 6 meses y 4 años.
Ateniéndose a los cálculos de la Fiscalía, la operación se habría cerrado en torno a los 95 millones de euros, 82.743.485 euros procedentes del fichaje y el resto (12.148.696) en impuestos impagados.
Perals considera que las cifras del fichaje fueron ocultadas por Rosell y no fueron incluidas en el balance presentado y aprobado por la Asamblea de Compromisarios en octubre de 2013, a pesar de que en el turno de ruegos y preguntas algunos socios le preguntaron al respecto y el presidente insistió en la cifra oficial reflejada en las cuentas: 57,1 millones.
El Barcelona abonó a Hacienda, ya con Bartomeu en la presidencia, 13,5 millones de euros para saldar cualquier tipo de deuda, una cantidad que podría considerarse como atenuante y podría rebajar la pena por los delitos fiscales imputados.